El Poder Judicial ha dictado una sentencia de 8 años de prisión para el excongresista Daniel Salaverry, quien se apropió de más de S/10.000 destinados a su semana de representación. La decisión se enmarca en un caso de peculado doloso que ha generado gran atención mediática.
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Poder Judicial falla en contra de Daniel Salaverry
LaSala Penal Especial de la Corte Supremaimpuso una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos, además de una reparación civil de S/119.578 en contra de Daniel Salaverry. La lectura de la sentencia se llevará a cabo el próximo 21 de marzo a las 5:00 p.m., momento en el que se confirmará la pena y se establecerán las reglas de conducta que Salaverry deberá seguir.
La jueza Carbajal identificó cuatro momentos específicos en los que Salaverry no devolvió el dinero: entre el 21 y el 24 de noviembre y del 27 al 30 de diciembre de 2017, así como del 22 al 30 de marzo de 2018. A pesar de haber sido elegido presidente del Congreso en 2018, su conducta durante su mandato ha sido objeto de escrutinio.
El artículo 387 del Código Penal establece que el peculado doloso se comete cuando un funcionario público se apropia de recursos del Estado, con penas que oscilan entre 4 y 8 años de prisión. La condena de Salaverry no solo representa un castigo personal, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de transparencia y ética en la función pública.
La decisión del Poder Judicial ha sido recibida con diversas reacciones en la sociedad, donde se espera que este tipo de sentencias contribuya a la lucha contra la corrupción en el país. La inhabilitación de Salaverry para ocupar cargos públicos durante 5 años también plantea interrogantes sobre su futuro político.
Contexto del caso
El caso de Daniel Salaverry se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la conducta de funcionarios públicos en Perú. La corrupción ha sido un tema recurrente en la política nacional, y la condena de Salaverry se suma a una serie de casos que han sacudido la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
La presentación de informes adulterados por parte de Salaverry, que incluían fotografías manipuladas, ha sido un punto clave en su condena. Este tipo de acciones no solo afectan la credibilidad de los funcionarios, sino que también perjudican la percepción pública sobre la integridad de las instituciones del Estado.
