Ayer miércoles 12 de marzo de 2025, una manifestación de jubilados en Buenos Aires culminó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, resultando en la detención de 114 personas. La protesta, que exigía mejoras en las pensiones y la continuidad de la moratoria previsional, contó con el apoyo de hinchas de fútbol y organizaciones sociales. Horas después, la juezaKarina Andrade ordenó la liberación inmediata de los detenidos, y enfatizó la importancia del "derecho a la protesta en una democracia".
Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, Argentina ha experimentado una serie de ajustes económicos que han afectado a diversos sectores, siendo los jubilados los más perjudicados. Las medidas de austeridad implementadas buscan reducir el déficit fiscal, pero han generado descontento en amplios segmentos de la población. Las manifestaciones de los jubilados se han vuelto frecuentes, reclamando por la actualización de sus haberes y la restitución de beneficios eliminados.
¿Qué motivó la protesta de los jubilados?
Los jubilados argentinos han visto cómo sus ingresos se deterioran debido a la inflación y a las políticas de ajuste del gobierno. La eliminación de la moratoria previsionalha dejado a muchos sin acceso a una jubilación digna. Durante la manifestación, los participantes exigieron "la actualización de las pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional".
La participación de hinchas de fútbol en la protesta fue significativa. Estos grupos, conocidos como "barrabravas", se unieron en solidaridad con los jubilados, lo que amplificó la convocatoria y la visibilidad de la marcha. Sin embargo, esta alianza también generó tensiones adicionales con las fuerzas de seguridad.
Karina Andrade, jueza que ordenó la liberación de los detenidos, expresó: "Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades. En democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales".
Así respondió el gobierno de Milei
La administración de Milei adopta -desde sus inicios- una postura firme frente a las protestas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar policial y había señalado que "los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel bajo una nueva ley antimafia". El gobierno argumenta que la presencia de "barras bravas" en la manifestación evidencia una intención de desestabilizar al país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó la decisión de la jueza Andrade de liberar a los detenidos, calificándola como "justicia de puerta giratoria" y responsabilizándola de la inseguridad en Argentina. Estas declaraciones reflejan la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en torno al manejo de las protestas sociales.
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¿Qué implicaciones tiene la liberación de los detenidos?
La decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a los 114 detenidos se basó en la defensa del derecho a la protesta. En su fallo, destacó que "se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión". Esta resolución ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que critican la respuesta represiva del gobierno.
No obstante, el gobierno ha anunciado que denunciará a la jueza Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por "posible incumplimiento de funciones". Esta acción podría profundizar la crisis institucional y aumentar la polarización política en el país. Una de las mayores represiones policiales desde diciembre de 2023 dejó al menos 46 heridos y una persona en estado grave, según fuentes oficiales. El operativo se desató tras el intento del Gobierno de Javier Milei de implementar el protocolo antipiquetes.
