El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue entregado el miércoles 12 de marzo a la Corte Penal Internacional (CPI) para enfrentar acusaciones por presuntas violaciones a la ley durante su operación contra el narcotráfico. "Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad", expresó en un video compartido en su perfil en redes sociales y en el de un colaborador cercano.
La CPI, con sede en La Haya, acusó al exgobernante de 79 años de cometer "crimen contra la humanidad" en el contexto de la represión contra el tráfico de drogas. Esta campaña resultó en la muerte de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres de escasos recursos, muchos de los cuales fueron ejecutados sin pruebas que los vincularan con el negocio de drogas.
PUEDES VER: Rodrigo Duterte arrestado: el expresidente de Filipinas es enviado a La Haya por crímenes de lesa humanidad
Corte Penal Internacional ordena detención de Duterte
El fiscal de la CPI, Karim Khan, destacó que la detención de Duterte es "importante" para las víctimas de su gobierno. Se prevé que el exmandatario comparezca ante la CPI en los próximos días. Gilbert Andres, abogado de las víctimas de la ofensiva contra el narcotráfico, declaró a la agencia AFP, frente a la sede de la CPI, que sus representados "se sienten agradecidos", pues consideran que sus plegarias fueron atendidas. "El arresto de Rodrigo Duterte es una señal fuerte para la justicia penal internacional. Significa que nadie está por encima de la ley", precisó.
Mientras tanto, decenas de seguidores del exgobernante se reunieron frente a la corte portando pancartas con mensajes de apoyo como "Estamos con Duterte". Entre los manifestantes, Duds Quibin, un auxiliar sanitario de 50 años, cuestionó la legitimidad del procedimiento y calificó la detención como un "secuestro". "No hay ningún proceso regular" , aseguró, agregando que Duterte fue trasladado de manera forzada en un avión hasta la sede del tribunal.
Abogados de Duterte acusaron al gobierno por "secuestro" ante la Corte Suprema de Filipinas
En la mañana del miércoles 12 de marzo, los abogados de Dutertepresentaron un recurso ante la Corte Suprema de Filipinas en nombre de su hija menor, Veronica. En el documento, acusaron al gobierno de haber "secuestrado" al exmandatario y exigieron su retorno al país. En este contexto, el abogado Salvador Paolo Panelo Jr. argumentó ante la prensa que la CPIsolo puede intervenir cuando el sistema judicial de una nación no opera correctamente, asegurando que en Filipinas el poder judicial "funciona adecuadamente".
Por su parte, la portavoz de la presidencia, Claire Castro, sostuvo que la cooperación con Interpol es una decisión que compete exclusivamente al gobierno. "No se trata solo de entregar a un ciudadano filipino, se trata de entregar a un ciudadano filipino que está acusado de crímenes contra la humanidad, específicamente de asesinato", expresó.
CPI vincula a Duterte con el "Escuadrón de la muerte de Davao"
En 2019, Filipinas abandonó la CPI por decisión del entonces presidente Rodrigo Duterte. No obstante, el tribunal mantiene su jurisdicción sobre los posibles delitos cometidos antes de la salida oficial del país, incluyendo los homicidios perpetrados en Davao cuando Duterteocupaba el cargo de alcalde.
En su orden de arresto, la CPI argumentó que hay "motivos razonables para creer" que al menos 19 personas fueron asesinadas en esa ciudad por el denominado "Escuadrón de la muerte de Davao", un grupo supuestamente dirigido por él. Asimismo, la orden judicial detalla que al menos 24 individuos fueron abatidos en diversas localidades por la policía filipina en el marco de la polémica guerra contra las drogas impulsada.
